Polémica tras el incendio de Les Gavarres: ¿quién autorizó los trabajos con radial durante la alerta?

El voraz incendio que arrasó más de 2.400 hectáreas en el macizo de Les Gavarres, en la comarca del Baix Empordà, ha desatado un intenso cruce de acusaciones entre formaciones políticas. El foco se centra en los trabajos de mantenimiento de una carretera que ejecutaba una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aquaterra y Construccions Rubau, contratada por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Según las primeras investigaciones, un operario que manejaba una sierra radial durante una jornada de calor extremo habría provocado las llamas. La oposición exige responsabilidades al Govern, pero el entramado administrativo que rodea estos permisos es más complejo de lo que parece.

La concesión de autorizaciones para emplear maquinaria peligrosa en épocas de alto riesgo de incendio no depende del departamento que contrata las obras, sino del Departament d''Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de su Dirección General de Bosques. Este organismo es el único capacitado para otorgar el visto bueno, siempre que se cumplan estrictos condicionantes. En el caso concreto del siniestro, iniciado el viernes cerca de La Bisbal d''Empordà, la empresa había recibido la autorización correspondiente. Sin embargo, obtener el permiso no implica carta blanca: existen limitaciones que varían según el nivel de peligro diario.

El sistema de alertas por SMS: una advertencia que no se tuvo en cuenta

La normativa establece que el permiso tiene una validez de quince días, pero queda supeditado al mapa de peligro de incendio que publica cada jornada el Departament d''Agricultura. Cuando el riesgo se califica como muy alto, se activa un protocolo de comunicación urgente: la administración envía un SMS a todas las empresas y particulares autorizados para recordarles que deben suspender de inmediato las actividades prohibidas. En este caso, el mensaje se envió el jueves 2 de julio, advirtiendo de que el uso de radiales quedaba restringido. La UTE lo recibió. El fuego comenzó a las 09:17 horas del viernes.

«Las empresas tienen la obligación de consultar el nivel de peligro diario y paralizar los trabajos cuando las condiciones lo exijan. El SMS es un recordatorio, pero la responsabilidad última recae en quien ejecuta la labor», señalan fuentes del Govern.

Este sistema de alertas tempranas pretende minimizar los riesgos, pero no sustituye la supervisión constante. Los Agents Rurals confirman que realizan inspecciones periódicas para verificar que todas las empresas cuentan con los permisos en regla, pero reconocen la imposibilidad de controlar en tiempo real cada intervención sobre el terreno, sobre todo en episodios de peligro extremo.

Medidas de seguridad obligatorias: más que un simple permiso

Las autorizaciones no solo regulan cuándo y cómo se puede usar maquinaria, sino que imponen requisitos mínimos de prevención. Entre ellos, destacan:

• Mochilas de agua de al menos 15 litros para las personas encargadas de vigilar la actividad.
• Un número mínimo de trabajadores exclusivamente dedicados a la supervisión de posibles igniciones.
• Identificación del punto más cercano con cobertura telefónica para poder llamar al 112 en caso de emergencia, si la zona de trabajo carece de señal.

Precisamente, en el lugar donde se originaron las llamas, la cobertura era deficiente, lo que pudo retrasar la alerta. Tener a mano el equipo adecuado marca la diferencia. Por ejemplo, una mochila extintora de 15 litros permite una primera intervención rápida mientras llegan los servicios de emergencia. Asimismo, contar con extintores portátiles de polvo ABC en los vehículos de obra puede evitar que una chispa se convierta en catástrofe.

El papel de la UTE y la cadena de responsabilidades

La investigación en curso deberá esclarecer si la empresa o el trabajador incumplieron las condiciones impuestas. Desde el Govern insisten en que la legislación vigente atribuye la responsabilidad a la entidad autorizada, que debió detener la actividad al conocer el nivel de peligro, o al propio operario, si actuó contra las órdenes recibidas. Mientras tanto, la oposición aprovecha el caso para cuestionar la coordinación entre los departamentos de Territorio y Agricultura.

Este incidente pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control y dotar de más recursos a los Agents Rurals para realizar inspecciones sorpresa. También abre el debate sobre si las empresas que trabajan en infraestructuras viarias deberían disponer de sistemas de detección temprana de chispas o equipos de comunicación vía satélite en zonas sin cobertura.